El sector de la distribución con El Corte Inglés y Carrefour a la cabeza no firman el Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
Después de que el Ministerio de Agricultura acabara al cabo de un año el Código de Buenas Prácticas Mercantiles, último punto de la Ley de la Cadena Alimentaria, las dos grandes patronales de la distribución ACES Y ANGED, no firmarán este código evidenciando así la no conformidad con parte de los 50 puntos que recoge dicho Código. Estas patronales representan a los grandes del sector de la alimentación en España: Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, Eroski, Sabeco y Lidl entre otras. Sin embargo otras sí lo han suscrito de una manera voluntaria como son los cooperativistas, distribuidores y fabricantes, afectados por la Ley de la Cadena Alimentaria.
Este desenlace no es sino poner de manifiesto las tensiones existentes tras la aplicación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. El Ministerio de Agricultura esperaba la adhesión de todos los grupos, pero la revisión de las relaciones comerciales entre los diferentes actores de la cadena alimentaria ha sacado a la luz tensiones y una lucha por el posicionamiento en la escala de poder definida durante los últimos años.
Todos están de acuerdo en que hay que igualar las relaciones entre unos y otros; cooperativas, sector agrario, las industrias de transformación y de distribución, hay matices que las patronales ANGED y ACES no comparten. Un aspecto fundamental es la relación entre los grandes grupos industriales y los de la distribución, punto clave para desequilibrar el sector. No todas las empresas de distribución se han desmarcado ya que la patronal ASEDAS, la cual tiene como socios a Mercadona y Día, si ha firmado y se ha adherido.
Aunque se ha trabajado en conjunto por parte de todos, este Código de Buenas Prácticas pone de manifiesto un nacimiento algo accidentado gracias a la tensión existente durante y después de su elaboración y la de la propia Ley de la Cadena de Alimentaria, la Agencia de Información y Control de Alimentos, organismo encargado del cumplimiento de la Ley y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, constituido por funcionarios públicos y de la industria alimentaria para velar por las prácticas abusivas entre las partes y vigilar los precios.